El ministro de Seguridad, Leandro Corti, fue invitado a la Cámara de Diputados de Santa Fe para que informe qué sectores de la Policía se resisten a los cambios institucionales, tal cual lo indicó en la conferencia de prensa que hizo el lunes pasado en el marco de la evasión de Juan Manuel Martínez, acusado de robar y violar a una empleada en un comercio de la peatonal.
Los legisladores también quieren conocer los motivos que llevaron al Estado a concretar varios desplazamientos dentro de las fuerzas y por qué cuestionados funcionarios policiales fueron ascendidos o trasladados a diversas unidades regionales, en lugar de ser investigados o pasados a disponibilidad.
En tal sentido, la idea original del diputado opositor Héctor Acuña era interpelar a Leandro Corti, pero tanto el oficialismo como el conjunto del PJ y el PRO prefirieron votar un proyecto de resolución y hacer un encuentro de trabajo para dilucidar todas las dudas que existen sobre los temas de la seguridad. Ahora, la presidencia de la Cámara baja tendrá que invitar al funcionario y determinar la fecha de la reunión.
Respecto a la evasión del presunto violador de la Peatonal santafesina, el ex concejal de la ciudad capital quiere que el titular de la cartera ministerial de Seguridad explique por qué Juan Manuel Martínez fue trasladado de la comisaría 7ª a la subcomisaría 3ª, desde donde se fugó, y si hubo una resolución judicial para que sea “alojado en dependencias del Servicio Penitenciario” pero que se incumplió.
Luego, el temario de dudas que consta en la invitación a Corti hace hincapié en los presuntos casos de corrupción policial, su vinculación delictual y la repercusión política. Por ejemplo, Acuña quiere conocer por qué se designó como jefe de la Plana Mayor de la Policía al comisario mayor Néstor Arismendi, quien había sido desplazado de la Unidad Regional II, en virtud de tener una probable “causa pendiente en la justicia o asuntos internos respecto a enriquecimiento ilícito”.
Además, si el reemplazante en la URII, Walter Miranda, es el mismo funcionario policial que “estuvo como jefe de la Sección de Moralidad Pública dependiente de la Agrupación Unidades Especiales cuando aconteció el homicidio, a principio de 2004, de Sandra Cabrera (secretaria general del Sindicato de Meretrices)”.
Los claroscuros
Otra incógnita que quiere develar el diputado del PJ es por qué si se desplazó al ex jefe de Drogas Peligrosas –José Luis Romitti– por no haber cubierto las expectativas del Ministerio de Seguridad en el área, fue reubicado como jefe de la Unidad Regional XV (San Jerónimo). También, Corti deberá informar sobre “la cantidad de efectivos que pertenecen al agrupamiento seguridad y la cantidad que desarrollan tareas como oficinistas” en las Unidades Regionales I y II.
Entre las dudas que se plantearán al ministro –producto de la fuga de Martínez– está saber la cantidad de detenidos en cada una de las alcaidías, comisarías y subcomisarías habilitadas para el alojamiento de detenidos. Y, de esa población, determinar cuántos están en proceso de juicio y condena firme. Asimismo, se solicitará al funcionario detallar los pedidos de cesantías y exoneración del personal policial, como así también antigüedad de la tramitación de cada caso.
A su vez, conocer “las investigaciones que se están llevando a cabo respecto a enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales, detallando nombre, apellido, jerarquía y cargo”. Al respecto, dijo que sólo con esa información también se sabrá “si alguno de los que están siendo investigados forman parte de las juntas de ascenso del personal policial subordinado a los investigados”.
El legislador opositor espera escuchar del ministro de Seguridad si existe “dentro del mapa del delito la ubicación de desarmaderos, reducidores y contrabando y si tal actividad está alcanzada por la conducción policial”. Además, “si dentro de su jurisdicción existe un lugar específico conducido por civiles respecto al delito económico de lavado de dinero y mercado paralelo de divisas” y “si ha recibido información respecto al video que hace alusión al reparto de entradas a barras bravas de Newell’s por parte de efectivos policiales (que forma parte de un rumor publicado en una web)”.
Por otra parte, se busca conocer “si el ministro sabe de las opiniones vertidas por fueros judiciales federales respecto de la idoneidad en el accionar de la actual directora de la Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha contra Trata de Personas, comisaria Mónica Beatriz Viviani”, que no son buenas. Y “si hay un registro de llamadas salientes de los teléfonos públicos en cada una de las cárceles”, ante la presunción que desde las penitenciarias se llevan adelante secuestros virtuales.
Finalmente, se quiere establecer la metodología para la distribución y/o cálculo de horas extras, determinando montos quincenales y objetivos a cubrir en los últimos cuatro meses; las metodologías y sistemas del servicio de policía adicional; si existen deudas en ese último caso; cantidad de carpetas y/o juntas médicas en forma mensual a nivel provincial, detallando de manera separada las URI y URII, y para que se explique quién otorga dichas licencias.
Es decir, todos estos temas están relacionados con el financiamiento oficial del servicio de seguridad y las presuntas cajas negras de la Policía. “No lo queremos al ministro en el banquillo de los acusados. La sociedad no nos pide que nos callemos la boca. Lo vamos a tratar con respeto y lo vamos a ayudar a gobernar”, indicó Héctor Acuña sobre la invitación a Leandro Corti.
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